El viernes día 15 de junio, tendrá lugar en Madrid una manifestación contra la apropiación de niños por las autoridades autonómicas.

RPNews. ¿Tiene hijos? Tenga cuidado; corren peligros. En especial si gana un sueldo mísero o está en paro, en cualquier momento le pueden dejar sin ellos. ¿Servicios sociales? ¿Lujo de lenguaje? “Esto ocurre desde que transfirieron a la Administración las competencias sobre infancia y adopción”. Nos dice José Maldonado, dirigente y activista, que lleva varios años luchando contra estas adopciones que considera ilegales o algo peor. Uno de los lemas de la manifestación será “no al robo de niños”.

“El caso más sintomático es el de Carmen Fernández, de Dos Hermanas. La trabajadora social hizo un informe, dónde afirmaba que Carmen era alcohólica. De inmediato por orden  de la Junta de Andalucía, la policía se personó en su domicilio, derribaron la puerta y se llevaron a sus dos hijos, Iván y Sara. Al niño se lo llevaron medio desnudo”. Carmen recurrió, presentó certificados y analíticas que probaban la falsedad de la acusación. Había dado negativo a alcohol y drogas en las pruebas médicas a que se sometió. No sirvió de nada. La Junta se negó a devolverle a sus hijos, que ya habían sido entregados en adopción. Sólo empezaba el calvario. Durante once años, se tuvo que enfrentar a once juicios, desde el de su pueblo hasta el Supremo. El juez de familia lo paralizó en seis ocasiones, y los abogados de la familia de adopción recurrían a la instancia superior, hasta llegar al Constitucional, que condenó a la Junta a devolver a los niños y a indemnizarle con 1.703.000 euros.

Pero Carmen no pudo disfrutar la indemnización ni la compañía de sus hijos, retirados ilegítimamente por una decisión arbitraria, sin contrastar y sin pruebas. Seis meses antes  el cáncer se la había lleaado. Un cáncer contraído a causa de los sufrimientos provocados por el calvario sufrido, según llegaron a afirmar los propios jueces.

La Junta pagó al final. A los ocho años de haberse llevado a sus hijos. La indemnización sólo sirvió a sus cuatro hijos, incluidos los dos “acogidos”, por lo que benefició a la familia de acogida.

La Administración no precisa orden judicial para quitarle sus hijos a una familia. Sólo un nforme de unos servicios sociales que, como en este caso, no se molestan en comprobar la veracidad de la acusación. José Maldonado asegura que diariamente se retiran niños de colegios, guarderías, hospitales, por la simple sospecha o comentario de la situación económica o de salud de sus padres.

Carmen murió. Otras familias sufren  circunstancias parecidas, y sólo algunas, muy pocas, han percibido cantidades mucho menores que la que no pudo recibir Carmen. Pero no hay responsables. El presidente Chaves pidió perdón en aquella ocasión, cuando el perdón no ervía de nada, pero ni la Junta, que da la orden, ni las funcionarias de los servicios sociales, las agentes que emiten el informe decisorio, han respondido por su responsabilidad. O irresponsabilidad responsable. No hay acusados. No hay imputados. La única que perdió fue ella y sus hijos.

“Lo peor es que los casos continúan -Afirma Maldonado- Carmen Espejo fue indemnizada con 100.000 euros, y otras mujeres con cantidades más pequeñas. Los informes falsos de las funcionarias no son investigados, a pesar de constituir delito, según el Código Penal.

El viernes, en la manifestación, personas damnificadas de toda la península y sensibilizadas con un problema social de tanto alcance, van a exigir el fin de estas acciones y de toda la arbitrariedad que las motiva. Quieren terminar con el robo de niños, el “secuestro ilegal”, como lo llamaron muchos medios. El nuevo Gobierno tendrá ocasión de demostrar su sensibilidad y su sentido de la Justicia.

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